SECTOR AGROALIMENTARIO. LA LIBRE COMPETENCIA

En fechas recientes se vienen producido manifestaciones por parte de productores del sector agroalimentario denunciando la falta de rentabilidad de las explotaciones derivada de los bajos precios que reciben por sus productos. En los comentarios que siguen, se tratará de apuntar sucintamente la regulación vigente en materia de defensa de la competencia y sobre algunas actuaciones concretas que se plantean como remedio de la situación.

Una medida básica de solución que se propone es la posibilidad de la fijación de “precios mínimos” en origen, tarea que recaería en la Agencia de Información y Control Alimentarios.

La primera cuestión a dilucidar es la de si el establecimiento de precios mínimos es compatible con el derecho comunitario. En este sentido hay que recordar que el art. 3.3 de Tratado de la Unión Europea (TUE) prevé el establecimiento de un “mercado interior” basado, entre otros principios, en una “economía social de mercado altamente competitiva” que implica la libre circulación de mercancías dentro de las fronteras de los Estados miembros.

El mercado interior aporta beneficios para los consumidores porque la apertura de los mercados nacionales supone un mayor número de empresas compitiendo entre sí, lo que propicia precios más reducidos y trae consigo la ventaja adicional de una mayor posibilidad de elección de bienes y servicios.

En una economía de mercado la determinación de las cantidades y precios de equilibrio de los bienes es consecuencia de la interacción de la oferta y demanda. En este sentido, el art. 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) declara incompatibles con el mercado interior y prohibidos todos los acuerdos entre empresas que consistan en fijar, directa o indirectamente, los precios de venta. Aunque el precepto tiene como destinatarios a las empresas, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que un país comunitario, en cumplimiento del deber de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros que se proclama en el art. 4 del TUE, no debe adoptar ni mantener en vigor medidas, legales o reglamentarias,  que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas.

Por otro lado, el TFUE establece que la Unión Europea habrá de contribuir a proteger los intereses económicos de los consumidores.

Por los argumentos expuestos en los párrafos anteriores puede concluirse que el establecimiento de precios mínimos contraría el derecho comunitario.

Sobre la materia comentada, la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, recoge en su art. 1 la prohibición de cualquier conducta que puede tener como efecto impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, la fijación, de forma directa o indirecta, de precios.

Sentado lo anterior, puede ocurrir que los productores agroalimentarios nacionales vean comprometida la viabilidad económica de sus explotaciones por la competencia de exterior. Sobre esa cuestión lo primero que debe tenerse en cuenta es que nada puede oponerse a la competencia proveniente de productores comunitarios ya que el mercado interior se basa en la libre circulación de mercancías dentro del espacio sin fronteras que conforman los Estados miembros, según prevé el art. 26.2 del TFUE. Respecto de los productores extracomunitarios España no tiene capacidad de actuación unilateral ya que la competencia en materia de política comercial está atribuida por el art. 3 de TFUE, en exclusividad, a la Unión Europea.

En nuestro ordenamiento interno, la regulación jurídica específica para la articulación eficiente del mercado agroalimentario viene recogida en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Esta norma, que es de aplicación a las relaciones comerciales que se establecen entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución, tiene entre sus fines el de aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario. La Ley dedica parte de su articulado a las “prácticas comerciales desleales” centrándose en dos cuestiones: a) las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato y b) los pagos comerciales adicionales a los pactados.

En esta dirección debe recordarse que en Abril de 2019 se promulgó la Directiva 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario que habrá de trasponerse al derecho interno antes del 1 de Mayo de 2021.

Adicionalmente, el art. 7 de la Ley 12/2013 proclama que la aplicación de sus principios y la ejecución e interpretación de las relaciones comerciales quedarán sujetas a la normativa sobre defensa de la competencia. Es pertinente recordar que el art. 2 de la Ley de Defensa de la Competencia proscribe el abuso de posición dominante. El abuso puede manifestarse mediante la imposición de precios o la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes colocando a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.

Por último, dado que se ha aducido como uno de los aspectos que perjudica a los productores agrícolas, hay que subrayar que el art. 14 de la Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista, únicamente prohíbe la venta de un producto con pérdida si ésta se reputa “desleal”, lo que se estima que concurre cuando: a) pueda inducir a error en los consumidores sobre los precios de otros productos comercializados en el establecimiento, b) tenga como efecto desacreditar la imagen de un producto o establecimiento y c) forme parte de una estrategia encaminada a eliminar competidores del mercado.

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