El pasado 30 de Junio se publicó el Informe relativo a las operaciones no financieras contabilizadas por las Administraciones Públicas (AAPP) hasta Marzo.
La necesidad de financiación en el periodo -déficit-, sin computar la partida proveniente del «rescate bancario», asciende a 15.724 millones lo que representa un 1,30% sobre un PIB anual estimado de 1.209.121 millones.
Hay que recordar que la Comisión Europea, en su recomendación de 17 de Septiembre de 2020, se manifestó a favor de mantener activa durante este ejercicio la «cláusula de salvaguardia» prevista en el Reglamento (CE) 1466/97 que permite que, en períodos de crisis económica grave en el conjunto de la UE, los Estados miembros se desvíen temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Bajo esta cobertura jurídica, el Gobierno remitió al Consejo y a la Comisión la «Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024» estableciendo el 8,4% del PIB como objetivo de déficit de las AAPP para este año.
En este sentido, debe tenerse presente que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece como objetivo de estabilidad presupuestaria el «equilibrio estructural».
En lo que incumbe al ordenamiento jurídico nacional en materia de estabilidad presupuestaria, el art. 135 de la Constitución Española dispone que una ley orgánica fijará, en relación con su producto interior bruto, el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CCAA, que podrá ser superado en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y causen un considerable perjuicio para situación financiera o la sostenibilidad económica o social
En cumplimiento de la previsión constitucional, el art. 11.2 de la LOEPSF prescribe que, salvo excepciones previstas legalmente, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural.
La Constitución y la LOEPSF exigen que la existencia de causa extraordinaria habilitante para incumplir el límite fijado para la estabilidad presupuestaria sea reconocida, por mayoría absoluta, por el Congreso de los Diputados lo que, para la situación creada por la pandemia de Covid-19, se llevó a cabo el 20 de Octubre de 2020.
En estas situaciones especiales la LOEPSF ordena que sea aprobado un «plan de reequilibrio» que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento. En el caso particular de la Administración Central, la elaboración del plan de reequilibrio es responsabilidad del Gobierno y su ratificación compete a las Cortes Generales.
Según el Informe relativo a las operaciones no financieras, hasta el primer trimestre de 2021, los ingresos no financieros crecieron en un 0,34% en relación al mismo periodo de 2020, lo que en valores absolutos supone 395 millones.
A continuación, se reflejan las variaciones porcentuales producidas en relación al primer trimestre de 2020, en los dos agregados fundamentales de los recursos, y las que deben darse en 2021 para alcanzar el objetivo gubernamental de déficit, calculadas a partir de las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda en la “Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024”.
MAR-2021 Δ s/1º trimestre 2020 Δ anual objetivo
Impuestos 1,69% 7,60%
Cotizaciones sociales 3,49% 1,80%
Los ingresos por impuestos directos obtenidos en el primer trimestre de año se han incrementado en 1.108 millones en relación al mismo periodo del ejercicio pasado, con un especial comportamiento positivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En lo que respecta a los impuestos indirectos, los ingresos se mantienen en un nivel casi idéntico al logrado en el primer trimestre de 2020.
En términos absolutos, respecto del primer trimestre de 2020 el incremento por “cotizaciones” ha sido de 1.405 millones.
Por lo que se refiere a los gastos no financieros, su aumento relativo frente a los del primer trimestre de 2020 ha sido del 4,18%, lo que representaba un monto de 5.312 millones.
Seguidamente, se indican las variaciones producidas respecto de Marzo del año pasado con relación a las remuneraciones de los asalariados y las prestaciones sociales en dinero.
MAR-2021 Δ s/1º trimestre 2020 Δ anual objetivo
Remuneraciones 6,29% 3,80%
Prestaciones 8,77% -1,50%
El aumento del gasto en prestaciones sociales en dinero, que ha sido de 4.081 millones, viene justificado por: a) los mayores recursos destinados por el SEPE a prestaciones por desempleo y por la Seguridad Social a prestaciones contributivas por cese de la actividad por parte de los trabajadores autónomos y por incapacidad temporal, b) por el incremento en un 0,9% de las pensiones y otras prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, llevado a efecto por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y c) por el Ingreso Mínimo Vital.
El incremento del gasto en el apartado de remuneraciones por 1.941 millones es consecuencia de la subida del 0,9% de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecido por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y por el mayor número de empleados del sector que, según la Encuesta de Población Activa, creció durante el ejercicio pasado en 126.000 personas.
Junto a los epígrafes citados anteriormente, hay que resaltar el crecimiento de 730 millones en «recursos propios de la Unión Europea».
Como resumen podemos decir que las cuentas de las AAPP del primer trimestre del año reflejan, de momento, una fuerte desviación de los ingresos públicos por impuestos indirectos frente a la previsión de crecimiento para el total del año. Además, se registran unos gastos por prestaciones sociales en dinero que presentan un elevado ratio de crecimiento respecto del primer trimestre del año pasado, lo que es lógico porque en aquellas fechas todavía no se había materializado con toda su intensidad el impacto económico en las cuentas públicas derivado de la pandemia por Covid-19, que deberá irse recortando a medida que avance el ejercicio.
Fuentes: Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Gorgojo Rojo 