El pasado 30 de Septiembre se publicó el Informe relativo a las operaciones no financieras contabilizadas por las Administraciones Públicas (AAPP) hasta Junio.
La necesidad de financiación en el periodo -déficit-, sin computar la partida proveniente del “rescate bancario”, asciende a 49.193 millones lo que representa un 4,07% sobre un PIB anual estimado de 1.209.121 millones.
El 23 de Marzo de 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19, el Consejo de la Unión Europea activó la “cláusula general de salvaguardia” prevista en el Reglamento (CE) 1466/97 que permite que, en períodos de crisis económica grave en el conjunto de la UE, los Estados miembros se desvíen temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.
La Comisión Europea, en su Recomendación de 17 de Septiembre de 2020, se manifestó a favor de mantener activa durante 2021 la citada cláusula y bajo esta cobertura jurídica, el Gobierno remitió al Consejo y a la Comisión la “Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024” estableciendo el 8,4% del PIB como objetivo de déficit de las AAPP para este año. El Consejo de la Unión Europea ratificó la aplicación en 2021 de la cláusula general de salvaguardia en su Recomendación de 13 de Julio pasado.
EL art. 11.3 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) también contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas puedan incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y causen un considerable perjuicio para situación financiera o la sostenibilidad económica o social con la condición de que esta desviación temporal no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
La Constitución y la LOEPSF exigen que la existencia de causa extraordinaria habilitante para incumplir el límite fijado para la estabilidad presupuestaria, establecido en el “equilibrio estructural”, sea reconocida, por mayoría absoluta, por el Congreso de los Diputados lo que, para la situación creada por la pandemia de Covid-19, se llevó a cabo el 20 de Octubre de 2020.
En todo caso, debe aprobarse un “plan de reequilibrio” que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.
Según el citado Informe, hasta el primer semestre de 2021, los ingresos no financieros crecieron en relación al mismo periodo de 2020 en un 10,46%, lo que en valores absolutos supone 22.567 millones.
A continuación, se reflejan las variaciones porcentuales producidas respecto de la mitad del año 2020, en los dos agregados fundamentales de los recursos, y las que deben darse en todo el ejercicio 2021 para alcanzar el objetivo gubernamental de déficit, calculadas a partir de las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda en la “Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024”.
JUN-2021 Δ s/1º semestre 2020 Δ anual objetivo
Impuestos 16,13% 7,60%
Cotizaciones sociales 3,32% 1,80%
Los ingresos por “impuestos” se incrementaron en el primer semestre del año en 18.489 millones. Los impuestos indirectos aumentaron en 9.994 millones, con especial impacto del IVA que aportó 6.712 millones. En el mismo sentido, los ingresos por impuestos directos crecieron en 8.495 millones, recogiendo el efecto extraordinario en el Impuesto sobre Sociedades derivado de la fusión de Caixabank y Bankia por un importe de unos 1.100 millones.
En términos absolutos, respecto de mediados de 2020, el aumento de recursos por “cotizaciones” fue de 2.669 millones. En este resultado ha sido determinante la evolución de la afiliación en la primera mitad del año que creció en 451.844 personas, tomando medias mensuales sin desestacionalizar.
Por último, en relación a “otros ingresos” se produjo un crecimiento de 1.508 millones de los que 1.486 millones traen su causa en la mayor cuantía de los fondos FEDER.
Por lo que se refiere a los gastos no financieros, su aumento relativo frente a los acumulados hasta la primera mitad de 2020 ha sido de un insignificante 0,03%, lo que representaba un monto de 99 millones.
Seguidamente, se indican las variaciones producidas respecto de Junio del año pasado con relación a las remuneraciones de los asalariados y las prestaciones sociales en dinero.
JUN-2021 Δ s/1º semestre 2020 Δ anual objetivo
Remuneraciones 6,44% 3,80%
Prestaciones -3,25% -1,50%
El incremento del gasto en el apartado de “remuneraciones”, por 4.379 millones, recoge el efecto del aumento del número empleados públicos y de la subida del 0,9% de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecido por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
También es reseñable el crecimiento de 1.502 millones en “consumos intermedios”, que incluye prestaciones sanitarias y donde se registra el gasto ocasionado por las vacunas contra el Covid-19.
En sentido contrario, las “prestaciones sociales en dinero” disminuyeron en 3.836 millones por los descensos habidos en las prestaciones por desempleo satisfechas por el SEPE y por cese de actividad a cargo del Sistema de la Seguridad Social que quedaron compensados, en buena medida, por el efecto de la revalorización en un 0,9% de las pensiones contributivas abonadas por el Sistema de la Seguridad Social, así como de las pensiones de Clases Pasivas del Estado, establecida por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y por el incremento de la cuantía destinada al Ingreso Mínimo Vital aprobado por Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
Las “subvenciones” cayeron, respecto de mediados del ejercicio 2020, en 3.237 millones. Este epígrafe contabiliza las bonificaciones y exoneraciones en las cuotas a pagar a la Seguridad Social y al SEPE.
Como resumen podemos decir que las cuentas de las AAPP hasta mitad del año reflejan un fuerte aumento de ingresos públicos por impuestos, resultado de la menor intensidad de las restricciones a la actividad comercial y a la movilidad implantadas en este periodo de tiempo en relación a las establecidas en el correlativo plazo temporal del año pasado, y un importante descenso de los gastos destinados al mantenimiento de los puestos de trabajo y al sostenimiento de los empresarios individuales o autónomos.
Fuentes: Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Gorgojo Rojo 