Con la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, se introdujo una nueva metodología para la revalorización de las pensiones que entró en vigor el 1 de Enero de 2022.
Según el art. 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior.
Los años deflacionarios no afectarán a los pensionistas ya que, si el porcentaje anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Como referencia para justificar las cifras que luego se expondrán, se toma el gasto en pensiones contributivas presupuestado por la Seguridad Social para este ejercicio que es de unos 150.000 millones. Además, se tendrá en cuenta los en torno a 18.000 millones que se destinan a las pensiones de Clases Pasivas porque su revalorización, según el art. 27.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, se basa en el mismo procedimiento que el de las pensiones públicas.
Con el dato anterior se puede inferir que cada punto porcentual de incremento de las pensiones tiene un coste para las cuentas públicas de 1.680 millones.
Aun a falta de conocer los datos del IPC de este mes y los dos siguientes, el porcentaje que habrá de aplicarse para la actualización de las pensiones en 2023, probablemente, estará en el rango que iría del 7% al 8%, sin que pueda descartarse un nivel más alto en opinión de algunos servicios de análisis como CaixaBank Research.
Tomando el valor medio del rango citado, es decir el 7,5%, el incremento del gasto estructural en pensiones del año que viene, en términos absolutos, sería de 12.600 millones lo que supone casi un 1% respecto de la previsión gubernamental de Producto Interior Bruto (PIB).
La anterior reflexión pretende resaltar el fuerte impacto que la revalorización de las pensiones conllevará para uno de los problemas más serios de las cuentas públicas que es el déficit estructural, que la previsión establecida en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 (APE), remitida a las instituciones europeas en Abril, cifraba en el 3,4% del PIB.
Hay que recordar que el déficit estructural se define como el déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales y solo está permitido, por prescripción del art. 11.3 Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), al Estado y las Comunidades Autónomas en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
El Consejo de la Unión Europea, en su Recomendación de 12 de Julio de 2022, recomendó a España tomar medidas con el fin de:
“En 2023, garantizar una política presupuestaria prudente, en particular limitando el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo, teniendo en cuenta la continuación de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y empresas más vulnerables a las subidas de los precios a la energía y de las personas que abandonan Ucrania”.
Partiendo de los datos contenidos en la APE 2022-2025, los gastos primarios (no se considera la partida de intereses) corrientes (no incluyen la formación bruta de capital) del ejercicio 2022 rondarán los 550.000 millones.
Sobre el crecimiento potencial (el compatible con la estabilidad de precios) a medio plazo, la LOEPSF establece que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el encargado del cálculo de su tasa de referencia, debiendo asimismo publicarla en el informe de situación de la economía española que debe acompañar a la propuesta del Consejo de Ministros de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
El Informe de situación de la economía española 2022, seguramente en base a la suspensión de las reglas fiscales, no facilita ninguna tasa de referencia del crecimiento potencial a medio plazo, aunque el del año pasado, concurriendo las mismas circunstancias, sí reflejaba un 1,3% como tasa real para 2022 (la tasa nominal consignada era el 2,9%).
Por su parte, el Banco de España en el documento “El crecimiento potencial de la economía española tras la pandemia”, publicado en Abril de este año, consideraba que la tasa de crecimiento potencial para la economía española de 2023 estaría en torno al 1,3%.
Por último, la propia Recomendación del Consejo hace referencia a que, sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años) se estima en el 0,8%, aunque el dato no tiene en cuenta el posible efecto positivo que pueden tener las reformas del Plan de Recuperación y Resiliencia.
En fin, aun tomando como tasa de referencia el 2%, el incremento recomendado por el Consejo para el total de los gastos primarios corrientes quedaría cuantificado en 11.000 millones, cifra que queda por debajo de aumento estimado para la partida destinada pensiones, por lo que habría tres posibles actuaciones: a) incumplir la norma de revalorización, b) reducir otras partidas de gastos corrientes y c) desatender la Recomendación del Consejo de la UE.
Por último, obviar la Recomendación del Consejo puede tener un peligroso efecto en el coste de la deuda pública (en estos días la rentabilidad de la obligación española a 10 años se ha situado cerca del 3,0%, cuando al principio de año era un poco inferior al 0,6%), porque el Banco Central Europeo ya ha advertido que, en la decisión de utilizar su nueva herramienta (denominada Instrumento para la Protección de la Transmisión -TPI-) para contrarrestar dinámicas de mercado desordenadas, en otras palabras para evitar que se dispare el coste de la deuda de un país de la Eurozona, se tendrá en consideración el cumplimiento de las recomendaciones, en el ámbito fiscal, específicas para cada Estado formuladas por la Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo.
Gorgojo Rojo 