La “estabilidad de precios”, es decir, la ausencia de variaciones importantes en el valor monetario asignado a bienes y servicios, constituye un elemento capital de la buena marcha de la economía. La inflación se da cuando la alteración de los precios consiste en su aumento generalizado y mantenido en el tiempo. La situación contraria recibe la denominación de deflación.
Por lo indicado, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone en su art. 107.1 que el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales es mantener la estabilidad de precios.
En la Eurozona, la estabilidad de precios se juzga en base a la variación del Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) y, desde Julio de 2021, el Banco Central Europeo (BCE) fija en una elevación de los precios del 2% a medio plazo, considerando igual de indeseables las desviaciones negativas y positivas respecto de este valor, como la referencia más adecuada para alcanzar el objetivo marcado por el TFUE.
La economía española, al igual que en la Eurozona, está soportando una inflación que comenzó a manifestarse en unos incrementos interanuales del Indice de Precios del Consumo (IPC) superiores al 2% desde mediados del año 2021.
Un apunte adicional es que el BCE, que llevaba unos años aumentando la cantidad de dinero en circulación mediante programas de compras de activos en los mercados secundarios, amplió de forma notable la oferta monetaria a partir de 2020, en buena medida para facilitar la financiación de los déficits fiscales estatales inducidos por la pandemia de Covid-19.
Existe cierto consenso en que el desencadenante del proceso inflacionario fue el desajuste entre oferta y demanda, que se inició en la primavera de 2021, provocado por una expansión rápida de ésta última, que había estado contenida con motivo de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas para combatir la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
La presión de la demanda afectó a los precios de imputs necesarios en los procesos productivos, lo que se manifestó de manera concreta en las subidas durante el segundo semestre de 2021 del precio del petróleo y del gas natural que, dado el sistema marginalista de fijación del precio, redundó en un fuerte encarecimiento de la energía eléctrica.
Posteriormente, en Febrero de 2022, comenzó la guerra en Ucrania lo que repercutió de forma importante en los precios de materias primas energéticas importadas y produjo un fuerte impulso del proceso inflacionario por la elevación de los costes de producción.
Como resultado de las circunstancias descritas, el IPC se ha incrementado un 12,60% entre finales de 2020 y principios de 2023, siendo su variación intersemestral la siguiente:
| 1º SEM-21 | 2º SEM-21 | 1º SEM-22 | 2º SEM-22 |
| 2,5% | 3,9% | 6,1% | -0,3% |
Por citar algún conjunto de bienes en concreto, en los dos ejercicios precedentes, los precios de “alimentos, bebidas y tabaco” se han elevado en casi un 20% y los de “productos energéticos” en cerca de 37,5%.
De las exposiciones anteriores cabe deducir que una proporción significativa de la inflación está justificada por el encarecimiento de bienes, en particular productos energéticos, importados. Una aproximación a su valor puede obtenerse comparando la variación del IPC con la del deflactor del PIB en cuyo cálculo se restan las importaciones.
Los datos interanuales de las tres magnitudes citadas para los años 2021 y 2022 son los siguientes:
| VARIACION EJERCICIO | IPC | Deflactor del PIB | Diferencia |
| 2022 | 5,7% | 4,6% | 1,1% |
| 2021 | 6,5% | 2,4% | 4,1% |
Haciendo el cálculo conjunto de ambos ejercicios tenemos que el IPC ha aumentado en un 12,6% y el deflactor del PIB en un 7,1%, por lo que la inflación que tiene un origen externo supondría un 5,5%.
La inicial elevación de los precios ha dado lugar una inercia inflacionista, por el intento de los diferentes agentes económicos de proteger su poder adquisitivo, cuyos resultados desde comienzos de 2021 a finales de 2022 se exponen a continuación.
En relación a los empresarios hay que considerar que la variación de sus rentas es función de las del volumen de ventas y del margen de beneficio. Partiendo de los datos de la Agencia Tributaria sobre recaudación de impuestos y tomando como aproximación de las variaciones en las ventas la variación interanual del Indice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE), se obtiene que los márgenes habrían crecido en un 17,3% para los empresarios individuales y en un 16,7% en el caso de los empresarios societarios.
Respecto de los trabajadores del sector privado, a tenor del dato variación del coste salarial facilitado por el INE, sus rentas se habrían elevado en un 9,0%.
Por su parte, los empleados del sector público han tenido un incremento de sus retribuciones del 4,4% y los perceptores de pensiones públicas se han beneficiado de una revalorización del 5,1%, aunque en 2023 se les aplicará una subida del 8,5%, lo que supondría un 14% más de poder adquisitivo que al terminar 2020 si los precios permanecieran constantes este año.
Las consideraciones anteriores muestran que ni empresarios individuales ni trabajadores han asumido en su totalidad la pérdida de poder adquisitivo que tiene un origen externo y que, en su faceta de consumidores finales, debiera afectarles en la misma medida que a otros grupos sociales.
Con el fin de contener la inflación, el BCE está recurriendo al instrumento más potente con el que cuenta, que es la elevación de los tipos de interés oficiales. Así, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación ha pasado del 0%, vigente hasta finales de Julio de 2022, al 3% en la actualidad.
Sin embargo, la eliminación de la tendencia al incremento de los precios, ahora causada por la retroalimentación del alza de salarios-márgenes-precios, requiere también que los agentes sociales (empresarios, trabajadores y Gobierno por lo que atañe a empleados públicos y pensionistas) se avengan a un pacto de rentas que distribuya de la manera más ecuánime posible el daño económico causado por el mayor coste de las materias primas adquiridas en el exterior y, dado que no se tiene soberanía en materia monetaria, una política fiscal encaminada a reducir el consumo público.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Agencia Tributaria.
Gorgojo Rojo 