El 22 de Diciembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicó el Informe de las operaciones no financieras contabilizadas por las Administraciones Públicas (AAPP) relativo al 3º trimestre del ejercicio.
La necesidad de financiación en el periodo -déficit-, sin computar la partida proveniente del “rescate bancario”, asciende a 25.091 millones lo que representa un 1,72% sobre un PIB anual estimado de 1.461.197 millones.
Hay que recordar que la Comisión Europea, en su Comunicación de 23 de Mayo de 2022, para que la política presupuestaria pudiese responder adecuadamente a las repercusiones económicas de la agresión militar rusa contra Ucrania y en particular las perturbaciones del suministro de energía, se pronunció a favor de mantener activa en 2023 la “cláusula general de salvaguardia” prevista en el Reglamento (CE) 1466/97 que permite que, en períodos de crisis económica grave en el conjunto de la UE, los Estados miembros se desvíen temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo que en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 (APE) se estableció en el -0,4% del PIB.
Bajo esta cobertura jurídica, el Gobierno remitió al Consejo y a la Comisión la “Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026” estableciendo el 3,9% del PIB como tasa de referencia de déficit de las AAPP para este año.
En lo que incumbe al ordenamiento jurídico nacional en materia de estabilidad presupuestaria, el art. 135 de la Constitución Española dispone que una ley orgánica fijará, en relación con su producto interior bruto, el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CCAA, que podrá ser superado, entre otras circunstancias, en situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y causen un considerable perjuicio para su situación financiera o la sostenibilidad económica o social.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece como objetivo de estabilidad presupuestaria el “equilibrio estructural” por lo que, salvo en las excepciones previstas legalmente, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural.
La previsión de otoño de la Comisión Europea (CE) del déficit estructural de las AAPP para 2023 es el 4,5% del PIB.
El Gobierno obtuvo, el 22 de Septiembre de 2022, el reconocimiento por el Congreso de los Diputados de que el país estaba en una situación de emergencia extraordinaria con motivo de las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis energética sin precedentes, a efectos de la elaboración de los presupuestos de este ejercicio.
En todo caso, respecto de la Administración Central, la LOEPSF prescribe la obligación del Gobierno de elaborar un “plan de reequilibrio”, encaminado a la corrección del déficit estructural, que debe ser aprobado por las Cortes Generales y puesto en marcha en no más de tres meses desde la apreciación de la situación de emergencia extraordinaria.
Según el Informe, hasta Septiembre de 2023, los ingresos no financieros crecieron en relación al mismo periodo de 2022 en un 7,76%, lo que en valores absolutos supone 32.518 millones.
A continuación, se reflejan las variaciones porcentuales producidas respecto de las tres cuartas partes de año pasado, en los dos agregados fundamentales de los recursos, y las que deben darse en todo el ejercicio 2023 para alcanzar el objetivo gubernamental de déficit, calculadas a partir de las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda en la “Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026”.
| SEPTIEMBRE-2023 | Δ s/3º-TRIM-2022 | Δ anual objetivo |
| Impuestos | 6,00% | 8,76% |
| Cotizaciones | 9,19% | 9,03% |
Los ingresos por “impuestos” se incrementaron en 14.731 millones. Los impuestos directos aumentaron en 12.352 millones, frente al monto alcanzado en los tres primeros trimestres de 2022, por el avance en los impuestos sobre la renta, contribuyendo el IRPF con 7.691 millones y el IS con 2.492 millones.
En lo que respecta a los impuestos indirectos, los ingresos crecen en 2.379 millones con especial impacto del Gravamen temporal energético que aportó 1.644 millones.
En términos absolutos, respecto de los nueve primeros meses de 2022, el aumento de recursos por “cotizaciones” fue de 12.285 millones. En este resultado ha sido determinante la evolución de las cotizaciones correspondientes al Régimen General que incrementaron su monto en 7.341 millones. Al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se han destinado 1.965 millones.
Las “rentas de la propiedad” aumentan en 3.578 millones, correspondiendo 2.554 millones a la remuneración de las cuentas bancarias.
Por último, en relación a las “ayudas a la inversión”, que entre otras cosas recoge las transferencias de capital pagadas directamente por las instituciones de la Unión Europea, se ha registrado un alza de 1.827 millones.
Por lo que se refiere a los gastos no financieros, su aumento relativo frente a los acumulados en los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de un 7,03%, lo que representa un monto de 31.366 millones.
Seguidamente, se indican las variaciones producidas respecto de Septiembre del año pasado con relación a las remuneraciones de los asalariados y las prestaciones sociales en dinero.
| SEPTIEMBRE-2023 | Δ s/3º-TRIM-2022 | Δ anual objetivo |
| Remuneraciones | 6,31% | 3,46% |
| Prestaciones | 9,74% | 9,17% |
Las “prestaciones sociales en dinero” aumentaron en 16.096 millones de los que 13.169 millones los justifican las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y las del Régimen de Clases Pasivas que fueron revalorizadas en un 8,5% por el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre.
El incremento del gasto en el apartado de “remuneraciones”, por 6.973 millones, tiene su causa principal en la subida del 2,5% de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecido por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. En Octubre se aprobó un aumento adicional, con efectos retroactivos, del 0,5% por la evolución habida del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA).
También es reseñable el crecimiento de 4.646 millones en “consumos intermedios”, con especial repercusión en el subsector de la Administración Local donde se da un aumento de 1.880 millones y en el ámbito de la sanidad con un alza de 1.103 millones.
En sentido contrario, hay que resaltar el descenso de 2.935 millones en “subvenciones” por, entre otras razones, la eliminación de ayudas al consumo de combustible establecidas en el Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Como resumen podemos decir que las cuentas de las AAPP en los nueve primeros meses del año apuntan a que se superará la referencia de déficit del 3,9% del PIB, en especial por el mayor gasto, respecto del previsto, en remuneraciones de los empleados públicos y en consumos intermedios.
Fuentes: Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Gorgojo Rojo 